La dura realidad del ámbito rural

Periódicamente se van publicando en información diaria comunicaciones del Consejero Delegado a propósito del estado de emergencia que vive la Entidad y el resto de la sociedad.

El tono y contenido de las mismas no puede estar más alejado de la realidad que viven muchos compañeros y compañeras. Se evidencia que la gestión de la actual situación, con una cohorte de colaboradores que, teletrabajando desde casa (o desde su despacho), creen tener como misión ocultar los problemas para no perturbar la paz de la Alta Dirección, y transmitir la idoneidad de la gestión, impide conocer la realidad. Es mucho más cómodo creer que todo está controlado y funcionando bien.

Singularmente, en las zonas rurales podría describirse la situación con tres palabras: miedo, desamparo y estrés. Señores del Comité de Continuidad, ésta es la realidad que están viviendo las compañeras y compañeros de esas oficinas:

Venimos reclamando protocolos claros y precisos de actuación en la actividad con clientes. Un listado de operaciones no permitidas, por ejemplo, con objeto de limitarlas a lo urgente o esencial. Dejar esto a criterio de las oficinas significa no proveer del necesario respaldo normativo a los trabajadores para poder filtrar la entrada de clientes y la operatoria, sin embargo,se está atendiendo prácticamente todo porque desconocen hasta qué punto pueden hacer prevalecer su seguridad, rechazando determinada operatoria.

Como consecuencia de la inexistencia de protocolos precisos y la ambigüedad normativa, existe una disparidad de criterios notable entre los diferentes Jefes de Zona. Los hay que, conscientes de los riesgos de contagio que corren los trabajadores y sus familias, permiten a diferentes oficinas cerrar dos días a la semana, por ejemplo, para reducir riesgos u organizan rigurosos turnos de rotación. Otros, por el contrario, mantienen expuesta a toda la plantilla y, por si fuera poco, continúan exigiendo reportings. Eso sí, desde la seguridad de su casa y con un “¡ánimo chicos!”

Algunos trabajadores han sido obligados a seguir en la oficina incluso teniendo constancia de haber atendido a clientes que posteriormente han fallecido por el COVID 19, o teniendo familiares sintomáticos, impidiéndoles de este modo adoptar la preceptiva y necesaria cuarentena.

Existe una sobrecarga de trabajo abrumadora. En muchas oficinas rurales están trabajando hasta las cinco de la tarde sin comer. Tienen ICOS, PAC, créditos agrícolas, moratoria y una cultura rural en sus clientes para quienes acudir a la “Caja” constituye un hábito social que ni siquiera una pandemia puede cambiar. Y todo ello, con plantillas reducidas, en ocasiones de una sola persona.

Existen oficinas con bajas laborales previas y, por ello, sin posibilidad de establecer rotaciones; en otras, hallamos compañeros a los que se les impide rotar: oficinas pequeñas a las que se les “quita” personal destinado a reforzar otras actividades, generando situaciones apabullantes de sobrecarga; compañeras con reducción de jornada a quienes se les sigue descontando la tarde de los jueves y así un largo etcétera. Todo ello, con el lógico miedo de ser contagiados y transmitir el virus a sus propias familias.

¿Falta de coordinación o desinterés por los trabajadores por parte de la Dirección de la Red?

En realidad, nada de esto puede sorprender cuando ante la pandemia mundial más grave en siglos, constituyen un “Comité de Continuidad” (del negocio, claro) en el que no hay nadie de la Dirección del Área de Personas, ni de la Representación Legal de los Trabajadores, ni del Comité de Seguridad y Salud laboral, del al que, por cierto, UGT no tiene constancia de que haya sido consultado en ningún momento. Se evidencia que, para la Dirección, es mucho más importante el negocio que la salud de sus trabajadores.

No queremos terminar sin mencionar a algún/a ¿responsable? en el Área de Personas para quien, desde la seguridad de su despacho, los compañeros que están en sus casas de retén “se creen que están de vacaciones” y alguno/a más que ha tildado a quienes han solicitado reducción de jornada o permisos NO retribuidos para cuidar de sus hijos, de “insolidarios”. ¿Área de Personas? ¿En serio?